El Consistorio tendrá que ofertar nueve licencias de taxi nuevas

El Gobierno cierra el Padrón de habitantes de 2011 en 328.659 vecinos,
lo que obliga a un incremento, rechazado por el sector, de las 500
autorizaciones a 509


El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que sacar a concurso nueve
licencias nuevas de taxi en la ciudad como consecuencia de la
aplicación directa de la actual ordenanza que regula esta actividad
profesional de transporte público ejercido por privados. No se trata de
una cuestión de decisión política sino de una aplicación directa de
una norma matemática generada por la última reunión del Consejo de
Ministros, que aprobó los datos del Padrón de habitantes de España
para 2011.

Según la ordenanza municipal, la revisión del número de licencias de
taxi se efectúa mediante un cálculo quinquenal en todos los años que
acaban en uno y en seis. El Padrón de 2011 dice que en Córdoba residen
328.659 vecinos, con un ligero incremento de 112 personas con respecto a
2010. La norma local asegura que, llegado el momento de la revisión,
hay que establecer una ratio de 1,55 vehículos por cada 1.000
habitantes. Ello implica que en Córdoba tendrán que operar 509 taxis
frente a los 500 que actualmente tiene la flota -y no 495 como aseguran
algunos documentos municipales-. La flota se revisó por última vez en
2006, cuando se crearon diez licencias nuevas. Antes, hubo una década
con 490 taxis funcionando en la ciudad. A mediados de los 90, había 483
vehículos.

La ampliación de licencias se tiene que realizar, además, de una
forma reglada. El 10% de los nuevos permisos se tiene que reservar para
profesionales que cuenten con un vehículo dedicado al transporte
interurbano. La ordenanza genera también derechos de prelación, aunque
no establece porcentaje, para los trabajadores asalariados del taxi con
mayor antigüedad, que se pierde cuando se deja de trabajar en el taxi
seis meses continuados. El resto se asigna por concurso libre con
arreglo a unas bases previamente aprobadas por la Junta de Gobierno
Local (antes, Comisión de Gobierno). Las personas que hayan vendido su
licencia o hubiesen renunciado a ella pierden la posibilidad de
participar en el proceso hasta diez años después de efectuarse dicha
operación.

La ampliación de la flota tiene partidarios, como los asalariados del
taxi y las organizaciones que los defienden, pero también detractores.
La asociación de titulares de licencias, que preside Miguel Ruano,
asegura que, en estos momentos, la aplicación de la normativa local
supone un perjuicio grave para la totalidad de la flota, como
consecuencia de un decremento en el volumen de negocio suscitado por la
crisis. "Estamos moviendo cielo y tierra", explica, para que la
ampliación de licencias no se produzca, lo que sólo podría ocurrir
convenciendo a los grupos de una suspensión del articulado de la
ordenanza o de un nuevo cálculo que aumente la tasa de 1,55 por mil a
una nueva relación entre vehículos y habitantes, una reforma que se
establece expresamente dentro de la ordenanza. El PP no ha dado muestras
hasta el momento de tener en su agenda una modificación de esta
normativa y lleva semanas con la idea prevista de tener que lanzar una
nueva convocatoria de licencias (el Padrón realiza avances temporales
de sus resultados de fin de año).

El portavoz de la entidad de autónomos aseguró que la ordenanza
municipal que regula esta actividad es un documento de 1992 basado a su
vez en una normativa de hace más de 30 años -el decreto de referencia
data del año 1979- que contiene "un error". Según aseguró,
independientemente de la operación matemática, la norma local tendría
que haber consolidado un sistema de cálculo de la flota que no solo
tuviese en cuenta la población de la capital sino, además, el estado
del negocio, los ingresos mínimos necesarios para que la explotación
de un taxi se considere rentable. Ruano aboga directamente por cambiarlo
en el sentido de que tenga en cuenta la cifra de negocio. Según el
portavoz del gremio de taxistas, la situación se encuentra lo
suficientemente deprimida como para acusar la llegada de "nueve bocas
más".

Contra la posición de los autónomos, se ecuentras las presiones de
los asalariados que, desde hace años, empujan a los partidos políticos
a establecer una flota más amplia que permita a personas que en estos
momentos trabajan para autónomos establecerse por su cuenta en el
sector. Los asalariados solo pueden acceder a las licencias mediante la
ampliación de flota o por su adquisición.