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Martes, 5 agosto 2014 | Leída 237 veces

A la caza del 'taxi pirata'

La Junta de Castilla y León trabaja en colaboración con el Gobierno en un plan de inspecciones en las carreteras para detectar a los considerados taxis 'piratas', es decir, aquellos vehículos que transportan viajeros sin autorización y que no cumplen las medidas de seguridad que fija la legislación. No se trata de una medida “recaudatoria” ya que no perseguirá a los ciudadanos que opten por compartir coche con otros, sino aquellos que cobren por la 'carrera'.

Esta iniciativa, que se enmarca en el plan de inspecciones que cada año lleva a cabo la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Guardia Civil, se ha impulsado a raíz de la polémica que ha generado en el sector del transporte la aparición de plataformas que ponen en contacto a conductores y usuarios, como alternativa al servicio de transportes. Ese es el caso de la aplicación Uber, aunque en sus términos legales especifica que no puede existir propósito comercial, o de Blablacar, una plataforma que conecta a particulares para compartir gastos a cambio de una comisión.

Asimismo, profesionales como los taxistas han denunciado que existen particulares que realizan servicios en ciudades como Valladolid. Se trata de particulares que transportan viajeros de madrugada, los fines de semana o incluso de vehículos que parecen legales, aunque en realidad no cuentan con la autorización pertinente. No obstante, fuentes de Fomento indicaron a Ical que es muy complicado determinar que conductores pueden estar logrando un “rendimiento económico” y cuales comparten desplazamiento.

No obstante, la Consejería está trabajando en un plan para detectar la bolsa de fraude existente en el sector, que ofrece servicios en redes sociales y otras plataformas 'on line' a precios inferiores a los profesional legales. Estos vehículos operan en la economía sumergida, no haciendo frente al pago de impuestos, ni de las licencias administrativas, por lo que suponen una forma de competencia desleal. Además, Fomento advirtió de que pueden poner en peligro la integridad de las personas, tanto de usuarios, como del resto de automovilistas.

La iniciativa de la Junta, conocida por Ical, sigue la 'hoja de ruta' fijada por el Ministerio de Fomento que ha advertido de que aquellos que realicen estos servicios, los oferten o los facturen incurrirán en una infracción muy grave sancionable con multa de 4.001 a 6.000 euros, que podría aumentar hasta 18.000 en caso de reiteración. También, los usuarios podrían ser sancionados con el pago de 401 a 600 euros. Además, avisó de que ha trasladará a la Agencia Tributaria y el Ministerio de Empleo los casos detectados.

La Dirección General de Transportes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente tiene previsto presentar al sector las medidas que está diseñando para hacer frente a estos servicios irregulares en el Consejo de Transportes que se celebrará el próximo martes, 22 de julio.

Operativo

El Plan de Inspección de Transportes por Carretera se elabora de forma coordinada con la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Castilla y León y se consensúa con los agentes económicos y sociales. Tiene una filosofía reeducadora para el saneamiento de las malas prácticas, que deterioran los precios del mercado. Por ello, se han reforzado las medidas de control, de lucha contra la economía sumergida y contra la competencia desleal en el sector.

En 2013, se controlaron a un total de 45.836 vehículos, de los que 1.844 pertenecen al transporte de viajeros, que se saldaron con 22.512 sanciones. De ellas, las referidas a la carencia de autorización sumaron 2.830 denuncias, representando un 12,57 por ciento.

El personal de la Comunidad dedicado a este plan esta integrado por 65 funcionarios dedicados a labores administrativas y 23 agentes de inspección de transporte, pertenecientes a las secciones de Explotación e Inspección. Además, cuenta con el apoyo de 58 especialistas en transporte de la Guardia Civil, de un total de 1.462 agentes que colaboran con estas tareas.

Requisitos

Las autorizaciones para el transporte público de viajeros en vehículos de turismo (taxi) exigen que sus titulares cumplan las obligaciones laborales y sociales y de carácter fiscal establecidas en la legislación vigente, así como que tengan sus papeles en regla si son extranjeros. También, deben tener la licencia municipal de autotaxis y los vehículos tendrán que estar habilitados para circular, teniendo vigente la última inspección técnica y no podrán tener una antigüedad superior a dos años desde la fecha de matriculación inicial. Además, se exige un seguro para los viajeros y una cobertura ilimitada sobre su responsabilidad civil.

Consumo colaborativo

Uno de los usuarios de Blablacar en Castilla y León es Daniel (33 años), un profesor de instituto en Palencia que viaja a Salamanca todos los fines de semana por lo que oferta su vehículo (Peugeot 308). Hasta la fecha ha realizado casi 40 viajes compartidos por lo que ha obtenido “cinco estrellas” y la certificación de “muy buen conductor”. Avisa a sus posibles compañeros de coche que le gusta escuchar música y que no se pueden llevar mascotas en el vehículo, ni fumar.

David informa en la plataforma que a menudo se desplaza a Madrid y Toledo desde León. Dispone de un Nissan Almera en el que si permite llevar una mascota. Ha realizado 13 viajes y algunos de sus compañeros como Lucía afirman que la experiencia fue “muy agradable”. “David fue muy majo y mantuvimos una conversación muy amena todo el viaje”, añadió. Sara destacó su puntualidad y amabilidad en un comentario en su perfil que dice: “Seguro que volvemos a coincidir compartiendo viaje”

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